por:Khalid Osorio
Toque Crítico
La operación militar lanzada por Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro ha reconfigurado no solo la política latinoamericana sino la forma en que se entiende la soberanía en el continente. Lo ocurrido en Caracas —una incursión con bombardeos, fuerzas especiales y el traslado del mandatario venezolano a territorio estadounidense para enfrentar cargos federales— ha sido justificado por Washington como parte de una misión contra el “narco-terrorismo”.
Pero si uno se toma el tiempo de observar más allá del titular, lo que emerge es la sombra larga de una tradición que Estados Unidos ha cultivado por décadas: la de intervenir militarmente en naciones soberanas bajo pretextos que, al final del día, terminan favoreciendo sus intereses estratégicos y económicos.
Hace más de 20 años, la invasión de Estados Unidos a Irak se vendió al mundo como una operación para erradicar armas de destrucción masiva. Aquellas armas nunca existieron, como posteriormente lo confirmó la propia comunidad de inteligencia estadounidense, y mucho menos vino la libertad prometida para el pueblo iraquí. La presencia militar estadounidense allí se prolongó por años, con un costo humano y material incalculable, y con consecuencias que todavía se sienten en la región.
Ahora, en enero de 2026, Washington vuelve a actuar con una lógica similar en América Latina. La captura de Maduro no fue un arresto aislado o un simple operativo antinarcóticos. Fue el resultado de una operación militar coordinada que incluyó bombardeos en Caracas y un despliegue masivo de fuerzas para asegurar un cambio de régimen. Algunos críticos —incluidos expertos en derecho internacional— señalan que esta acción violó la soberanía venezolana y no tiene respaldo en la legalidad internacional ni en resoluciones de la ONU.
La acusación de narcoterrorismo y la etiqueta de “cartel de los soles” que Estados Unidos asignó y luego cambió a altos mandos venezolanos se han convertido en argumentos jurídicos y mediáticos para justificar la intervención. Pero también sirven de máscara para un objetivo que está tan claro como el oro negro que yace bajo el suelo venezolano: apropiarse del petróleo. Tras la captura, el gobierno de Trump anunció que Venezuela “entregará” entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo y que ese crudo sería administrado por Estados Unidos para “beneficiar al pueblo venezolano y a los estadounidenses”.
No es la primera vez que Washington usa calificativos como “terrorista” para legitimar acciones fuera de fronteras. Durante la gestión de Trump, hubo planes incluso para catalogar a ciertos cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, una medida que muchos expertos advirtieron podría usarse como pretexto para intervenciones en países vecinos, incluido México. Ese tipo de clasificaciones convierten la lucha contra el crimen en una herramienta diplomática y militar, más que en una política de seguridad pública.
Y aquí es donde la historia nos exige algo más que indignación: una reflexión seria sobre el derecho autoadquirido de una superpotencia para invadir, capturar líderes extranjeros y apropiarse de recursos bajo cualquier pretexto. No importa si el gobierno de Maduro es indefendible o si ha cometido errores gravísimos —eso no es excusa para que un país vecino decida intervenir militarmente, sin mandato internacional, y sin mecanismos claros de responsabilidad.
Decir que se combate el narcotráfico, que se defiende la democracia o que se asegura la justicia cuando quien termina controlando el aparato del país invadido es el propio ejército extranjero y sus empresas, suena a repetición de un libreto clásico. El problema de fondo no es solo el gobierno en turno en Caracas; es la idea de que una potencia puede decidir qué regímenes sobreviven, qué recursos se explotan y qué pueblos “merecen” autonomía.
