El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que durante la madrugada de este día mantuvo una coordinación constante con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, para la detención del presidente municipal de Tequila, así como de otros funcionarios del ayuntamiento, como resultado de diversas denuncias presentadas en su contra.
El mandatario estatal reconoció la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que se trató de una acción realizada sin consideraciones políticas, priorizando el Estado de derecho. Subrayó que el país requiere “altura de miras y altura política” para enfrentar este tipo de situaciones.
Lemus Navarro expresó su respaldo total a la intervención federal, reiterando que las detenciones derivan de investigaciones y denuncias previas. Asimismo, informó que el gobierno estatal ya mantiene diálogo con la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad en el municipio de Tequila, respetando la mayoría política de Morena en el ayuntamiento.
Como medida inmediata de seguridad, el gobernador anunció el despliegue de aproximadamente 50 elementos estatales en el municipio, con el objetivo de brindar tranquilidad y protección a las familias tequilenses.
En cuanto al futuro de la seguridad municipal, adelantó que en conjunto con la Federación se analizará si la Comisaría Municipal continuará bajo mando local o si será intervenida por el Gobierno del Estado, decisión que se tomará en los próximos días.
Finalmente, Pablo Lemus aprovechó el contexto para hacer un llamado a nivel federal a fin de que la reforma electoral contemple candados más estrictos que eviten el acceso a cargos públicos de personas con vínculos delictivos. Señaló casos recientes de funcionarios y legisladores con antecedentes penales que no fueron revelados oportunamente.
“Las personas que toman decisiones deben trabajar para la gente, no para los delincuentes”, enfatizó, al insistir en la necesidad de controles más firmes para impedir la infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno.
