En medio del conflicto sindical que enfrenta el gobierno municipal de San Juan del Río, el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, informó que la audiencia relacionada con el emplazamiento a huelga fue diferida para el próximo 1 de julio, al tiempo que aseguró que los servicios médicos para las y los trabajadores del municipio se encuentran plenamente garantizados.
El alcalde destacó que, pese a las tensiones laborales, la administración municipal ha mantenido en funcionamiento todas las dependencias y servicios públicos, priorizando tanto la atención a la ciudadanía como el bienestar de los empleados municipales.
Cabrera Valencia reconoció la labor del personal del municipio y afirmó que, durante más de cuatro años y medio de administración, las y los trabajadores han demostrado compromiso y responsabilidad para atender las necesidades de San Juan del Río.
“Se ha conformado un gran equipo de trabajo que diariamente contribuye al funcionamiento del municipio”, expresó.
Asimismo, explicó que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tomó en consideración los argumentos presentados por el gobierno municipal, especialmente las acciones implementadas para garantizar la atención médica del personal sindicalizado y de confianza.
Autoridades municipales confirmaron que el servicio médico quedará nuevamente cubierto a partir del próximo 1 de junio, luego de concretarse la renovación de los contratos que concluían durante mayo. El nuevo convenio tendrá vigencia inicial hasta el 31 de octubre y contempla una inversión superior a los 35 millones de pesos.
La cobertura médica incluye consultas de medicina general y especialidades, estudios de laboratorio, suministro de medicamentos y procedimientos quirúrgicos. Además, se informó que durante este periodo ya se superó el número de cirugías realizadas el año pasado, alcanzando más de 200 intervenciones médicas.
Finalmente, Roberto Cabrera reiteró que el gobierno municipal continuará trabajando para atender el conflicto sindical mediante el diálogo y los mecanismos legales correspondientes, con el objetivo de garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores sin afectar la prestación de servicios públicos a la ciudadanía.
