El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Arango, afirmó que la destitución de la subdelegada de San Miguel de Palmas, Anallely Díaz, en el municipio de Peñamiller, se realizó conforme a la ley y fue validada por un juez de distrito, por lo que rechazó que se trate de una acción arbitraria por parte del gobierno municipal.
Arango explicó que el procedimiento no fue calificado por el Ayuntamiento, sino por una autoridad judicial, la cual determinó que el cese fue legal, derivado de presuntos actos de corrupción relacionados con cobros indebidos a comerciantes de la comunidad, realizados fuera del marco normativo.
Detalló que desde el año pasado la presidenta municipal, Ana Karen Jiménez, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, lo que dio origen al proceso legal. Aseguró que el conflicto político que se ha generado responde a intentos de desinformación sobre el procedimiento seguido y no a irregularidades en la actuación del gobierno local.
El dirigente panista señaló que su partido mantiene comunicación permanente con la alcaldesa y adelantó que se analiza la posible presentación de una denuncia por presunta violencia política en razón de género, luego de la difusión de videos durante una manifestación realizada el pasado fin de semana, la cual atribuyó a simpatizantes de Morena.
En cuanto a las negociaciones con la exfuncionaria, Arango precisó que estas se rompieron cuando se solicitó retirar procedimientos iniciados ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía, petición que —subrayó— no podía ser sujeta de negociación, al tratarse de procesos legales en curso.
En otro tema, el líder estatal del PAN se refirió a las observaciones hechas por legisladores de oposición respecto a la reforma judicial estatal, y sostuvo que cualquier propuesta debe presentarse formalmente ante el Congreso del Estado para su análisis y eventual enriquecimiento.
“Aquí no se trata de no mover ni una coma; el Congreso está para debatir, proponer y construir una reforma judicial responsable que garantice justicia para la ciudadanía”, expresó.
Finalmente, defendió que quienes aspiren a cargos judiciales deben cumplir con criterios de idoneidad, y consideró que las prestaciones y haberes de retiro forman parte de derechos laborales, tal como ha ocurrido en procesos similares a nivel nacional.
