El senador del Partido Acción Nacional (PAN) por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, advirtió que las reformas fiscales aprobadas durante 2024 han debilitado de manera significativa la capacidad de defensa de pequeños comerciantes y empresarios frente a cobros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al imponer nuevas restricciones legales que favorecen a la autoridad fiscal.
El legislador explicó que las modificaciones a la Ley de Amparo y a la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos fortalecen la posición del gobierno federal en los litigios fiscales, al obligar a los contribuyentes a pagar los créditos fiscales antes de poder impugnarlos, lo que genera un escenario de desventaja para los ciudadanos.
Dorantes Lámbarri detalló que, con la reforma a la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el SAT ahora puede interponer recursos de revisión ante tribunales colegiados cuando considere que una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló un crédito fiscal. Esta situación, señaló, prolongará los procesos legales y elevará los costos para los contribuyentes que busquen defenderse.
Además, la reforma eliminó la figura de la suspensión de los actos de cobro, lo que permite que embargos o congelamientos de cuentas bancarias se mantengan vigentes durante todo el juicio, hasta que exista una sentencia definitiva. “Se deja a los ciudadanos en un estado de indefensión durante varios meses”, sostuvo el senador queretano.
En el mismo contexto, recordó que en octubre de 2024 el Congreso de la Unión reformó la Ley de Amparo para restringir su uso en materia fiscal. Anteriormente, esta herramienta permitía suspender los cobros mientras un juez analizaba la legalidad de los actos de la autoridad; sin embargo, la nueva legislación obliga a pagar primero y, posteriormente, demostrar que el cobro fue ilegal para solicitar la devolución del recurso. “Aunque después se reconozca que el cobro fue excesivo, el daño a la liquidez ya está hecho”, enfatizó.
Finalmente, Dorantes Lámbarri reveló que 2024 fue el año con mayor número de patrones dados de baja en la historia de México, con más de 42 mil registros cancelados ante el IMSS, principalmente de pequeños empresarios. Atribuyó esta situación al fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del gobierno federal y adelantó que trabaja en una iniciativa legislativa para reforzar los mecanismos de defensa fiscal, a fin de que los contribuyentes puedan impugnar cobros excesivos o ilegales antes de verse obligados a pagarlos.
