por: Khalid Osorio
El Batán no se murió, lo mataron. Lo debilitaron los voceros improvisados, los tuiteros con posturas sospechosamente cambiantes, los funcionarios que repiten discursos vacíos, los clérigos que tratan de incidir en decisiones políticas y los empresarios que acomodan sus opiniones siempre a favor del poder . Lo remataron los diputados que prefirieron cerrar el debate antes que someterse a la incómoda, pero necesaria, rendición de cuentas.
El proyecto hídrico “El Batán”, impulsado por el gobierno de Mauricio Kuri, prometía ser una solución a las necesidades sociales de acceso al agua. Sin embargo, hoy más que una respuesta, este plan genera dudas, resistencias y sospechas.
El Batán pretende tratar aguas residuales para su posterior reutilización, y aunque la intención suena loable, el proceso ha carecido de uno de los elementos más importantes en cualquier política pública: la transparencia. Las voces ciudadanas, académicas y de oposición han exigido información clara, evaluaciones técnicas confiables que permitan conocer con precisión la calidad del agua que se produciría. Nada de eso ha sido entregado.
En lugar de abrirse a la discusión, el Congreso local, controlado por el PAN —a pesar de no tener mayoría— optó por cancelar el parlamento abierto, un espacio que prometía ser el mínimo democrático para debatir un proyecto de alto impacto ambiental y sanitario.
La cancelación del parlamento abierto fue la confirmación de que algo no estaba bien. Un proyecto sólido no teme preguntas. Aguanta la crítica de expertos, la oposición política, los cuestionamientos ciudadanos. Lo que no resiste es la fragilidad de un plan construido más en las redes sociales que en los laboratorios, más en las oficinas de comunicación que en mesas técnicas.
Como si se tratara de una consigna partidista, varios funcionarios panistas, locales y federales, salieron en redes sociales a defender el proyecto sin aportar un solo dato técnico, sin mostrar conocimiento sobre normativas ambientales, estándares de tratamiento de agua o mecanismos de monitoreo de calidad. Su único argumento: “Votar en contra es votar contra Querétaro”. Pero vale la pena preguntarse: ¿Qué es Querétaro, según ellos? ¿El mapa político que gobierna el PAN? ¿La lealtad a un proyecto de gobierno? ¿O la sociedad compleja que exige soluciones reales, transparentes y sostenibles?
Este tipo de defensas vacías, envueltas en banderas y lemas, muestran que, más que una política pública, El Batán se está convirtiendo en un dogma. Y los dogmas no se debaten, se acatan. Quienes han exigido rendición de cuentas, datos, planes alternativos y precaución sanitaria han sido caricaturizados como enemigos del desarrollo. Pero si el desarrollo implica avanzar a ciegas, sin evidencia y sin diálogo, lo que está en juego no es solo el proyecto, sino el derecho mismo a participar en cómo se gestiona un recurso vital.
Sí, Querétaro requiere un plan hídrico serio, responsable y de largo plazo. Pero eso no significa que cualquier proyecto sea la solución. No todo lo que se presenta como innovación lo es. No todo lo que se plantea desde el poder merece apoyo automático. Y sobre todo, el proyecto no tiene que aprobarse en esta administración, como si el agua tuviera calendario electoral.
En las elecciones recientes, la ciudadanía fue clara: decidió quitarle al PAN la mayoría en el Congreso y apostó por el equilibrio de poderes. Morena tiene ahora la posibilidad de frenar decisiones opacas y de exigir explicaciones antes de acompañar cualquier iniciativa. Si sus legisladores deciden apoyar El Batán —o lo que queda de él— deberán hacerlo con base en datos, estudios y, sobre todo, en un diálogo abierto con la ciudadanía. Ya no pueden esconderse tras discursos de oposición automática, ni ceder al pragmatismo.
El proyecto de El Batán se tambalea y no por culpa de sus críticos, sino por quienes lo han defendido sin argumentos, sin escuchar, sin construir legitimidad. Lo que comenzó como una posible solución al problema del agua está quedando como un ejemplo de cómo no se construye política pública en un estado democrático.
