La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Querétaro informó que continúa el proceso de supervisión de pozos en distintos municipios del estado, con un doble propósito: frenar la operación de los clandestinos y dar certidumbre jurídica a productores y usuarios que buscan mantenerse dentro de la legalidad.
De acuerdo con el director local de la dependencia, Gregorio Cruz Martínez, en lo que va del año se han clausurado seis pozos, pertenecientes tanto a particulares como a personas morales, principalmente en la zona metropolitana. “La clausura la realiza exclusivamente la CONAGUA; la Guardia Nacional no tiene atribuciones en este tema”, subrayó.
Durante las verificaciones se revisa no solo la posible venta ilegal de agua, sino también que los volúmenes extraídos correspondan a los autorizados, que los medidores funcionen adecuadamente y que las prórrogas de permisos estén en regla. Las sanciones, en caso de irregularidades, pueden ir de 500 mil hasta un millón de pesos y, en ciertos casos, derivar en delitos de carácter federal.
Paralelamente, la dependencia mantiene activo un programa de regularización que ha beneficiado a productores agrícolas y ejidatarios. Actualmente, alrededor de 30 pozos ubicados en municipios como San Juan del Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo están en trámite para actualizar su situación legal.
Cruz Martínez destacó que este avance ha sido posible gracias a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y al acompañamiento del director general de CONAGUA, Benjamín Morales, quienes han impulsado una gestión más ágil en beneficio de la ciudadanía.
“Muchos de los casos que estamos atendiendo no son de gente que se niegue a regularizarse, sino de productores que tenían trámites atorados desde hace años. Hoy, con mesas de trabajo y el apoyo técnico y jurídico de los municipios, estamos logrando que no pierdan beneficios como los subsidios de energía eléctrica para la producción agrícola”, explicó el funcionario.
Con estas acciones, la CONAGUA busca equilibrar el combate a la explotación ilegal del agua con el respaldo a quienes dependen del recurso para la agricultura y la producción en el estado.
