domingo, julio 20, 2025
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Contraloría estatal reabrirá auditoría a cárcamo de 5 de Febrero tras fallas operativas

– El contralor del estado de Querétaro, Óscar García González, informó que se reiniciará una auditoría a la obra del cárcamo en la obra de 5 de Febrero, luego de que en días recientes se presentaran emergencias relacionadas con el funcionamiento de las bombas de desalojo pluvial.

Aunque originalmente la auditoría ya había sido concluida —con observaciones solventadas por la empresa responsable, incluyendo un reintegro de 600 mil pesos— las nuevas condiciones generadas por las lluvias obligarán a revisar nuevamente la operatividad del sistema.

“Para nosotros había sido una auditoría totalmente terminada, las observaciones habían quedado solventadas en lo administrativo y ejecutivo en su momento. Sin embargo, como la obra ha presentado emergencia últimamente, vamos a instruir una ampliación de la auditoría, a pesar de que ya está cerrada”, explicó el contralor.

García González precisó que la revisión inicial se realizó en temporada seca, lo que dificultó detectar deficiencias en la operatividad de las bombas, ya que los equipos e instalaciones parecían funcionar correctamente.

“Hoy no puedo decir si la obra estuvo bien o mal. Necesito ver la operatividad real de los equipos. Puede haber sido una mala planeación o que las lluvias superaran lo proyectado. Lo sabremos al revisar papeles, planos y funcionamiento”, agregó.

La nueva auditoría se iniciará esta misma semana y se espera que concluya en un plazo no mayor a tres semanas. El objetivo, dijo, es determinar si hubo errores en la ejecución, si se requiere reinstalar más equipos, o si el problema fue provocado por factores externos no previstos.

El contralor también subrayó que, conforme a la Ley de Transparencia, los procesos de auditoría son reservados mientras están en curso, por lo que no se pueden hacer públicos nombres de empresas o detalles específicos hasta que se concluyan y se publiquen en el portal oficial.

Finalmente, recordó que todos los servidores públicos están sujetos a un periodo de imputación de hasta siete años, lo que permite dar seguimiento y exigir cuentas incluso después de dejar el cargo.

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